Bisontes(foto J.A.Miyares)
El Congreso cierra sus puertasEl PP se resiste a dar los datos de los viajes que han hecho los diputados este año.
“Las excepcionales medidas de seguridad que está exigiendo la obra \[que se está realizando en el Congreso de los Diputados\] podrían aconsejar incluso la suspensión temporal de la presencia de los ciudadanos en la tribuna durante los plenos”. La vicepresidenta de la Cámara, Celia Villalobos, llegó a plantear así, la pasada semana, que el Congreso celebrara sus sesiones si público, según el acta de la reunión de la Mesa, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. “El presidente \[Jesús Posada\] no desea sesiones plenarias sin público en las tribunas, por lo que ha de buscarse una solución”, consta como respuesta.
La discusión ha terminado hoy en el órgano de Gobierno de la Cámara con la decisión firme de suspender, por primera vez en 12 años, las jornadas de puertas abiertas previstas para los días 3 y 4 de diciembre. Tampoco se celebrará este año el acto de lectura de la Constitución, en el que tradicionalmente participan estudiantes.
El pretexto del presidente son las obras que se acaban de iniciar para reparar la cubierta del edificio. Sin embargo, el PSOE, a través de su portavoz, Soraya Rodríguez, considera “fatal y sospechoso” que los trabajos se inicien precisamente ahora. En su opinión, la decisión encubre evitar que puedan producirse protestas o actos de grupos vinculados al 15-M o a movimientos como el de Rodea el Congreso.
“La institución tiene todo el año” para hacer sus reformas y, por eso, al PSOE le parece “muy mal la decisión de suspender esta actividad. Así no se da una buena imagen de la Cámara ante la opinión pública”, declaró Soraya Rodríguez.
Posada esgrime un informe técnico, según el cual las obras impiden la entrada de ciudadanos, pero los socialistas vinculan la decisión con la de mantener desde el mes de junio vallas en el perímetro del Congreso. De hecho, la Cámara seguirá funcionando, con entrada de ciudadanos, se mantendrán las visitas programadas y la única diferencia es que la recepción del día de la Constitución se trasladará al Senado.
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, pidió información en su momento a Posada sobre las obras y este le ha respondido remitiéndola al Ejecutivo. “Todos los datos sobre la adjudicación del contrato los tiene Patrimonio del Estado, que depende del Gobierno”, le dice a Díez para no facilitarle la información solicitada.
Además, en la reunión de la Mesa de hoy se mantuvo la resistencia del Congreso a facilitar los datos de los viajes oficiales de los diputados, aunque se haya producido un pequeño avance. Este periódico ha solicitado en tres ocasiones la relación de viajes de toda la legislatura, puesto que se aprueban de forma reservada en la Mesa y posteriormente no se facilita información de los desplazamientos ni los nombres de los diputados, que se trasladan con cargo al presupuesto de la Cámara.
La Mesa se había remitido hasta ahora a la futura Ley de Transparencia, aunque el proyecto de ley en trámite no recoge este supuesto, pero en la última semana la presidencia de la Cámara ha aceptado que se hagan públicos. Ahora ni siquiera maneja el argumento de la Ley de Transparencia, que está aún en fase de enmiendas de los grupos y que para el Congreso solo se refiere a la información pública de los contratos y adjudicaciones.
El PP sostiene que debe aplicarse esa transparencia desde el 1 de enero de 2013, mientras que el PSOE quiere que se facilite la información de todo lo que va de legislatura. La próxima semana, la Mesa estudiará la forma en la que se producirá la inserción de los viajes que realicen los diputados en representación de la Cámara. Si se impone el criterio de los representantes del PP, que tienen mayoría suficiente para hacerlo, no habrá forma de conocer la relación de viajes ya realizados.
La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, pidió la pasada semana a la presidencia de la Cámara que articulara un sistema para facilitar la información detallada sobre esos viajes.
EL GRAN NEGOCIO FAMILAR Y TODOS ESTAMOS SECUESTRADOS POR LOS BANCOS.
Botín reparte 26 millones de acciones del Santander entre cuatro de sus hijos.
La familia en conjunto maneja un total de 79,2 millones de títulos de la entidad.
El presidente del banco mantiene el derecho de voto sobre todos los títulos.
Emilio Botín, presidente ejecutivo del Santander, ha repartido 26 millones de acciones del grupo, valoradas en 147 millones según el cierre de Bolsa de hoy, entre cuatro de sus seis hijos: Ana Patricia, Emilio, Francisco Javier y Paloma, según se desprende de un hecho relevante comunicado este lunes por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Carmen mantiene el mismo número de títulos que tenía, (8,6 millones) mientras que Carolina no figuraba con títulos antes y tampoco ahora. Este paquete de 26 millones de acciones genera 15,6 millones de euros anuales en dividendos, si mantiene el pago de 0,60 euros por título.
El presidente del Santander ha pasado de tener 32,6 millones a 6,36 millones. Ana Patricia eleva su cartera desde 5,2 millones de títulos a 13,2; Emilio, de nueve millones incrementa hasta 13,56; Paloma tenía un millón y ahora es titular de 7,8 millones.
El hijo con más acciones es Francisco Javier, que tenía 9,48 millones y ahora controla 16,28 millones. Con este paquete, Francisco Javier se coloca como el primer accionista de la sindicatura familiar de los Botín, que agrupa 79,28 millones de acciones, el 0,768% del capital del banco. En agosto pasado, la sindicatura familiar tenía 79,08 millones de títulos. Ayer declararon poseer 79,28 millones de acciones.
Pese a todos los cambios, Emilio Botín tiene los derechos políticos de los 79,28 millones de acciones. Fuentes del mercado comentaron que se trataba de una reorganización familiar de la cartera.
Entre los titulares de acciones hay una nueva sociedad, Nueva Azil, que pasa a controlar 5,57 millones de títulos. Es la misma cantidad que tenía antes Simancas, una sociedad que se queda vacía, sin ningún título.
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