El Panteón de los Inválidos-París(foto J.A.Miyares)
BRUSELAS AVISA DE QUE LA MARAÑA LEGAL AUTONÓMICA DIFICULTA SERIAMENTE LA COMPETITIVIDAD DE NUESTRA ECONOMÍA.HAY QUE ADELGAZAR LA ADMINISTRACIÓN POLÍTICA.
La Comisión Europea cree que la «pesada burocracia» está entre las principales causas que explican el retraso de España.
La Comisión Europea ha avisado este miércoles de que lafragmentación de leyes regionales en España aumenta la burocracia para las empresas y dificulta «seriamente» el aumento de la competitividad. Bruselas denuncia además los problemas de financiación para las pymes y pide al Gobierno un sistema de garantías para resolver este problema. En su informe anual sobre la competitividad y la industria en la UE, el Ejecutivo comunitario sitúa a España en el grupo de innovadores moderados, junto con Italia, Portugal, Grecia, Estonia, Eslovenia, Malta, Chipre o Luxemburgo. Los líderes europeos son Alemania, los países nórdicos, Holanda, Irlanda, Reino Unido, Francia y Austria.
Las «grandes fluctuaciones y la politización de la administración pública» y la «pesada burocracia» están, según el estudio, entre las principales causas que explican el retraso de España. Así, el tiempo necesario para poner en marcha una empresa es de 28 días, el doble de la media de la UE. Y el plazo para obtener una licencia de explotación se dispara hasta 116 días, el más largo entre los socios europeos. «Además de la burocracia pesada, la proliferación de reglamentaciones divergentes procedentes de los niveles regionales y locales de la administración complica aún más el problema y obliga a las empresas a cumplir criterios diferentes para ejercer la misma actividad en distintas regiones o municipios», denuncia el Ejecutivo comunitario. «Hay indicios de que esta fragmentación regional está acompañada por un aumento del acervo reglamentario en el país en términos absolutos, que podría estar dificultando seriamente el crecimiento de la productividad», resalta el informe, que recoge que el Gobierno tiene previsto afrontar este problema en su plan de reformas.
Entre las grandes economías de la UE, España ha sido «el país más duramente afectado por la crisis económica, tanto en términos macroeconómicos (fuerte aumento del desempleo, lenta recuperación del crecimiento del PIB) como a nivel de las empresas (empeoramiento de los márgenes de beneficio, número de cierres empresariales)». Según el análisis de Bruselas, el empeoramiento del entorno empresarial y la dificultad del acceso a la financiación de las empresas pueden haber contribuido a estos malos resultados. «Además, algunas características de las empresas españolas pueden explicar su menor resistencia, por ejemplo el tamaño inferior de la media de las empresas españolas en comparación con países con un nivel de desarrollo similar, la menor productividad y el nivel más bajo de innovación e internacionalización», afirma el informe.
Por ello, Bruselas propone «reforzar el sistema de garantías y préstamos a las pymes con respaldo gubernamental». También denuncia que «el retraso en los pagos por parte de las autoridades públicas sigue siendo un tema central de preocupación en España» y pide un «seguimiento minucioso» del programa de pago a proveedores.
Recortes en I+D e infraestructuras
En materia de innovación, Bruselas alerta también de que «los recortes actuales en la inversión pública, junto con las inversiones aún reducidas en I+D por parte de las empresas, pueden plantear nuevos desafíos en los próximos años». Por ello, recomienda «la eficacia del gasto público e introducir una sistema de financiación más basado en los resultados, que vincule una parte de la financiación institucional a los progresos en materia de excelencia científica, nivel de internacionalización y cooperación entre el sector público y privado».
Por lo que se refiere a las infraestructuras, el Ejecutivo comunitario cree que «España debería limitar la nueva inversión a aquellos proyectos para los que hay una demanda real y que son asequibles, teniendo en cuenta los altos costes de oportunidad de los fondos públicos». En particular, Bruselas pide dar prioridad al transporte de mercancías por ferrocarril «dado su infradesarrollo actual y su carácter ecológico». «Mientras que la media de todo el transporte de mercancías por ferrocarril en la UE es del 20 %, en España es solo del 4 %", señala el estudio».
EL PINCHEO DE LOS ACTOS DE LOS PARTIDOS NO SE PAGATÁN CON DINERO PÚBLICO.
El Tribunal de Cuentas decide que vinos, comidas o «caterings» no son financiables mediante «subvención electoral». El 25% de la factura total es solo del PSOE.
El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado el uso del dinero que los diferentes partidos hicieron en las elecciones municipales de 2011 y ha determinado que cócteles, ágapes y «caterings» costaron «al menos, un total de 289.339 euros», que la institución ha decidido no considerar «a efectos de su financiación mediante subvenciones electorales».
De esa cifra, prácticamente la cuarta parte (74.012,66 euros) corresponde al PSOE, que en su escrito de alegaciones ha cuestionado la medida recordando que «en anteriores campañas se han justificado gastos iguales o similares y en ningún momento» se habían puesto en duda esas facturas relativas a restauración. En este sentido, el Partido Socialista deja patente su «extrañeza», al tiempo que replica respecto a sus actividades que «en todos los casos son mítines comidas, cenas o cócteles realizados en periodo electoral», por lo que -insisten- «no entendemos esa consideración».
En nombre de la austeridad
No obstante, la disposición del Tribunal de Cuentas es firme, en tanto advierte que «en el actual contexto económico y social» se impone «ajustar los conceptos de gastos subvencionables a los estrictamente necesarios», y las comidas, o los vinos españoles, no lo son. Por lo tanto, el órgano fiscalizador concluye que «no acepta» los criterios que tratan de imputar tales partidas al ámbito de los «gastos de naturaleza electoral», actividad que, a juicio de la institución, no requiere de ágapes ni para su organización ni para su funcionamiento.
«Limiten los gastos realizados a los imprescindibles para acometer la campaña electoral» es una de las recomendaciones finales del informe sobre las Contabilidades de las Elecciones del 22 de Mayo de 2011 remitido al Senado, al que ha tenido acceso ABC.
La cantidad destinada por el PSOE a gastos suntuarios dobla la del PP: 37.724,69 euros, de los que el partido defiende que 30.379,32 fueron pago de los «refrigerios y bocadillos» de interventores y apoderados durante la jornada de los comicios. La cuenta de los populares está ligeramente por encima de la declarada por CiU, que documenta facturas por 31.837,85 euros, gran parte de ellos destinados al pago de los 27.679,85 euros que cobró el Hotel Majéstic Spa por la celebración de la noche electoral.
Las formación catalanista expone en su réplica al Tribunal que aunque comparte su «cambio de criterio» en nombre de la austeridad, discrepan de que se aplique de repente, sin notificación previa.
Entre los gastos más elevados aparecen también los de IU, con 19.691 euros y, ya por debajo, los de formaciones como el PNV (9.900,77); o los Coalició Compromís, que suma 9.451 euros más otros 3.315,39 euros por el alquiler de un salón para la noche electoral. Otras más pequeñas, como la barcelonesa Ciutatans, especifican un pago de 800 euros por una sala con «aperitivo». Esquerra Republicana ha justificado 11.10,64 euros en restauración, y es también una de las 18 formaciones políticas a las que el órgano fiscalizador propone en este reciente informe reducir las suvenciones previstas por irregularidades en su contabilidad.
Baja la subvención a ERC
En concreto, el Tribunal estima que ERC debe recibir 31,967,06 euros menos de los previstos, recorte que también se plantea en relación a formaciones como Aralar (20.406,83 euros), el Partido Popular-Extremadura Unida (23.190,78) o el Partido Aragonés (10.540 euros). En total, las propuestas de reducción de subvenciones ascienden a 134.499 euros, y a ellas hay que añadir la de no adjudicación de ningún tipo de subvención para los 881 partidos de un total de 1.680 que no han rendido su contabilidad electoral, la mayoría de ellos organizaciones minúsculas con muy poca implantación.
En el informe del Tribunal de Cuentas, aprobado el 26 de septiembre, también se refleja que hasta 580 formaciones han superado el límite máximo de gasto que tenían especificado para aquellas elecciones locales, con un total excedido de 1.893.457 euros. Es el caso de Esquerra (que muestra 130.981,70 euros de más y que también sobrepasó en 9.316,54 euros la factura permitida en publicidad exterior). Y también del PSOE, que gastó 46.857,43 euros más de los que debía. Para ellos, el órgano de Cuentas avisa de que «deberán prever un sistema de control interno que garantice la selección de la oferta económicamente más ventajosa».
El Tribunal también detalla el caso de 22 proveedores, -empresas informativas, publicitarias, gráficas...-, que han incumplido con su deber de declarar ingresos por la campaña que superan en total los 880.000 euros.
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