Ría de Villaviciosa-Asturias-España(foto J.A.Miyares)
El Gobierno se fiará de los defraudadores en la amnistía fiscal
La orden que concreta la medida de gracia permite lavar el dinero en efectivo
Bastará que el defraudador diga que lo tenía en 2010 y que lo ingrese en una cuenta
Los expertos consideran que eso abre la puerta a que se cometa más fraude
Los defraudadores podrán regularizar su situación por Internet
El Gobierno dará todas las facilidades a los defraudadores en su amnistía fiscal. Además de permitirles regularizar su situación desde casa y por Internet, y garantizarles que no tendrán que pagar intereses, recargos ni multas, Hacienda ha abierto definitivamente la puerta a que se acoja a la amnistía fiscal el dinero en metálico.
El problema con el efectivo es que no se puede demostrar que proceda de un fraude antiguo y si se permite lavarlo, se abre la puerta a que se cometa nuevo fraude. Pero el Gobierno ha decidido fiarse plenamente de la palabra de los defraudadores: "Tratándose de dinero en efectivo será suficiente la manifestación, a través del modelo de declaración, de ser titular del mismo con anterioridad a 31 de diciembre de 2010", según se recoge en la orden que publica hoy el BOE. Además de eso, solo hará falta ingresarlo en una sucursal bancaria. El dinero quedará limpio con una tributación del 10%.
Entre las prioridades de Hacienda en la lucha contra el fraude de los últimos años ha estado seguir la pista a los billetes de 500 euros. Esa vía de investigación condujo a la apertura de actuaciones contra más de 2.500 personas para averiguar por qué movilizaron al menos 1.000 billetes de 500 euros en efectivo en lugar de recurrir a una transferencia o un cheque. El retrato tipo del defraudador con billetes de 500 era el de un hombre de negocios vinculado al sector del ladrillo, principalmente en Levante, Madrid y Barcelona.
La amnistía fiscal, aprobada por decreto ley, establecía que los defraudadores "podrán presentar la declaración prevista en esta disposición con el objeto de regularizar su situación tributaria, siempre que hubieran sido titulares de tales bienes o derechos con anterioridad a la finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de esta disposición". Es decir, en teoría, la amnistía fiscal está hecha para el fraude anterior al 31 de diciembre de 2010, ya que la campaña impositiva de renta y sociedades de 2011 todavía estaba abierta en el momento de dictarse el decreto.
El motivo era evidente: si se permitía acogerse a la amnistía a los impuestos a pagar por las declaraciones de 2011 y por los ingresos de 2012, se incentivaba que los declarantes defraudasen, porque les saldría más barato pagar el 10% que exige la regularización, frente a los tipos del 30% en Sociedades y de hasta el 52% en el impuesto sobre la renta.
Pero justo eso es lo que ocurre con el dinero en efectivo generado este año o en 2011. El Gobierno se fiará de que los defraudadores digan que ha sido conseguido antes del 31 de diciembre de 2010. Así, les bastará ingresarlo en una cuenta corriente y ya estará limpio. Los expertos creen que eso abre las puertas al nuevo fraude, y no tanto a regularizar el cometido antes.
Alguien que venda un piso ahora puede cobrar buena parte en negro, evitar pagar el IRPF por la plusvalía, acto seguido ingresar el dinero en el banco y beneficiarse de la amnistía fiscal. Una empresa (un restaurante, una clínica dental, una tienda al por menor...) puede cobrar en metálico (incluso facturando sin IVA) y regularizar después el dinero sin tributar por el impuesto de sociedades. Los autónomos cuyos ingresos no estén sujetos a control directo del fisco podrán minimizar su declaración para pagar menos y luego tributar al 10% de la amnistía fiscal.
O, en el peor de los casos, un traficante de drogas que quiera blanquear su dinero no tendrá más que ir a la sucursal bancaria más cercana (aunque obviamente eso no le exima de responsabilidad por sus delitos). Las posibilidades de blanqueo inmediato para el fraude nuevo son enormes. En plena campaña del impuesto sobre la renta, esos planes pueden suponer un duro golpe a la recaudación.
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