Playa del Puntal-Villaviciosa-Asturias.España(foto J.A.Miyares)
FALTA DE ÉTICA , MORAL Y AUSENCIA DE RESPONSABILIDADES.
Circula en la red una relación de nombres de ex ejecutivos bancarios, ilustrada con sus fotografías y las sumas que percibieron y perciben por liquidaciones, indemnizaciones o pensiones. Es decir, con el premio autoconcedido a sus méritos de incompetencia, irresponsabilidad y descaro. Los rigores de la crisis nos alcanzan a todos menos a ellos, cooperadores necesarios de la debacle financiera, de la descapitalización del sistema y del riesgo de una intervención cuyas consecuencias finales ni nos atrevemos a imaginar. Alguien los ha puesto en la picota con un implícito «Se busca». Pero es tan posible que nadie los busque como seguro que esa manera de señalar en un medio donde todo -la verdad y la mentira, el testimonio y la injuria- no motive impulsos ejemplarizadores.
Esos premios, sin embargo, son públicos y notorios, como podrían serlo, con una investigación a fondo, los patrimonios amasados hasta que llegó el final de las cajas administradas «pro domo sua». Son ellos, y muchos otros, los que con absoluta impunidad invierten los valores de la ética gratificando el fracaso. Evolucionada desde el mendrugo y la perra chica del paradójico Siglo de Oro hasta el palanquetazo millonario de hoy, la picaresca española vive su momento estelar en la noche fría del desempleo ajeno, el despojo del bienestar y los desahucios que en buena medida decidieron los mismos autopremiados.
Las indemnizaciones que las sociedades anónimas arbitran a sus ejecutivos reflejan el libre albedrío de los consejos que representan el capital y su riesgo. Nada en común con las cajas de ahorros, que no tienen propietarios y gozaron de un estatuto asentado en la íntegra reversión social de beneficios. Si unas petaron y otras no, el factor diferencial está en la correcta o descarriada administración de los depósitos y en el buen o el mal cumplimiento de unos deberes rigurosamente específicos. Lo asombroso es que todos se crean con derecho a lucrarse de las quiebras y, más aún, que un «vacío legal» impida el control de la recompensa y el castigo de su exceso.
Las limitaciones introducidas por el Gobierno no pasan de cosméticas si se comparan con la grave alarma social que esas prácticas despiertan. Sin menoscabo del principio irretroactivo de la ley que imprescindiblemente habrá de impedir los abusos futuros, algo serio hace falta en presente para descargar la indignación y el escándalo generados por tanta desfachatez en medio de la penuria. No basta la hipotética garantía de que no volverá a ocurrir. Estamos conviviendo, aquí y ahora, con delincuentes morales que se han atrevido a obrar como si fuera lícita la coexistencia de dos categorías de ciudadanos y dos clases de profesionales: los blindados y los abandonados a su suerte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario