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jueves, 5 de abril de 2012

ESPAÑA UN PAIS MUY TOLERANTE CON LOS DEFRAUDADORES, LA TRISTE REALIDAD ESPAÑOLA

El Puntal-Villaviciosa-Asturias-España(foto J.A.Miyares)

Inconstitucionalidad de la amnistía fiscal .

Un análisis crítico de la medida de regularización tributaria del Gobierno.
El reciente real decreto ley 12/2012 establece que los contribuyentes del IRPF (renta de personas físicas), IS (sociedades) o IRNR (rentas de no residentes), que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos a 31 de marzo de 2012 podrán regularizar su situación fiscal pagando a la Hacienda pública un 10 por ciento del importe o valor de adquisición de los bienes o derechos objeto de tributación. Además, se añade en la ley General

Tributaria la exoneración de responsabilidad penal por regularizaciones voluntarias efectuadas antes del inicio de actuaciones de comprobación o investigación. Es decir, no sólo pueden pagar tarde, sino también en un porcentaje muy inferior al que tributaron los que cumplieron con sus deberes fiscales y, además, sin consecuencia penal alguna. Todo ello pone de manifiesto dos cosas: la primera es que la obsesión por la recaudación está por encima de cualquier otra consideración política o moral; la segunda, que robar ointentar robar a la Hacienda pública tiene para el Gobierno un reproche menor que el robo o el hurto de la propiedad privada.

Es terrible constatar el sadomasoquismo del Gobierno -del actual, pero también del anterior- que lo lleva a despreciar al ciudadano de a pie, contra el que está dispuesto a descargar toda su artillería presupuestaria, fiscal y penal, mientras consiente que los poderosos le impongan cuándo y cuánto quieren contribuir al sostenimiento de las cargas públicas.
La mencionada medida de regularización tributaria ha sido muy criticada desde el punto de vista político y moral, porque ciertamente es una invitación para ser defraudador o para sentir que el pago de impuestos no es un deber ciudadano sino una injusticia ineludible.

Pero la norma es criticable también desde el punto de vista jurídico, hasta el extremo de poder considerarla inconstitucional. Para empezar, es dudoso que por decreto ley se pueda exonerar la responsabilidad establecida en una ley orgánica como es el Código Penal; menos lo es que se puedan afectar los deberes (tributarios) de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución (CE), lo que infringiría el art. 86 CE. También es inconstitucional, porque vulnera el art. 31 CE, que dispone que «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad» y es claro que la norma aprobada va en la dirección contraria.

Sobre todo es inconstitucional porque la Constitución prohíbe la amnistía y el decreto ley la establece. No se trata de una amnistía en un sentido genérico y periodístico, para referirse a que el Gobierno perdona a los grandes defraudadores una cantidad de dinero, si deciden emerger los bienes no declarados. En sentido estrictamente jurídico, la amnistía tiene un contenido penal y se refiere a la exención de responsabilidad criminal para un colectivo de personas por determinados actos delictivos, hayan sido o no juzgados. La medida dictada por el Gobierno encaja en este concepto de amnistía porque, a partir de determinada cantidad, la defraudación constituye un delito fiscal y lo que hace el decreto ley es eximir de responsabilidad penal a los que, al someterse a la regularización fiscal, ponen al descubierto la comisión de un delito o delitos contra la Hacienda pública.

La Constitución no prohíbe expresamente la amnistía, pero sí impide que la ley autorice indultos generales (art. 62, i). El indulto presupone que el indultado ya ha sido juzgado y condenado y, por diversas circunstancias, se le concede la medida de gracia. Por el contrario, la amnistía borra el delito cometido, sin necesidad de ser juzgado. Si la CE prohíbe el indulto general, con mayor motivo impide que la ley autorice una amnistía, se refiera a delitos fiscales o de cualquier otra naturaleza.

¡Cómo no se va a deslegitimar el Estado democrático si parece que para los poderosos sólo hay tres normas: la prescripción, el indulto y ahora también la amnistía! ¿Habrá cincuenta diputados o senadores que tengan la decencia de interponer un recurso de inconstitucionalidad?