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martes, 10 de abril de 2012

DEL DICHO AL HECHO HAY UN GRAN TRECHO ¿QUIÉN LE PONE EL CASCABEL AL GATO?



Universidad de Ansterdam(foto J.A.Miyares)

Aguirre pide a Rajoy que reforme el Estado eliminando incluso parlamentos regionales.

La dirigente madrileña y el presidente del Gobierno se reunieron en la Moncloa.Cree que se podrían ahorrar hasta 48.000 millones de euros redistribuyendo las competencias de las administraciones públicas.Aguirre se declara contraria al copago sanitario, pero favorable a la imposición de tasas contra el "abuso", como ha hecho Cataluña.

Esperanza Aguirre ha pedido a Mariano Rajoy que emprenda una profunda reestructuración del Estado de las Autonomías para que España supere la crisis económica y el fracaso que ha supuesto, a su juicio, el intento de integración de los nacionalismos catalán y vasco.

La reforma, según explicó tras mantener un encuentro en la Moncloa con el presidente del Gobierno, consistiría en reducir las competencias de las comunidades autónomas, devolviendo una parte de las mismas al Estado y entregando otras a los ayuntamientos. Ello permitiría ahorrar, según la líder del PP de Madrid, 48.000 millones de euros, entre los que se incluirían los gastos de funcionamiento que suponen los parlamentos regionales.

"Si unas competencias fueran para arriba [al Estado] y otras hacia abajo [a los ayuntamientos], podríamos prescindir de altos cargos, parlamentos regionales, conductores, asesores, jefes de protocolo, alquileres de edificios, políticos, asesores, secretarias y todo eso", enumeró. "Los políticos [regionales] nos quedaríamos sin trabajo, pero ya nos lo buscaríamos", zanjó.

Devolver Sanidad y Educación
Para Aguirre, el actual reparto de competencias entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos ha fracasado. La presidenta ya se había mostrado partidaria en el paso de que el Estado asuma las competencias transferidas en materia de Justicia.

Este martes, añadió a estas las carteras de mayor peso y por las que las autonomías reciben más financiación del Gobierno: "Educación, Sanidad y Justicia pueden ir al Estado y los transportes y los servicios sociales, a los ayuntamientos".